La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha retrasado algunos de los proyectos municipales, ya que se tienen que modificar ciertos detalles de los proyectos que ya estaban elaborados para sacarlos a licitación. Así lo destacó esta semana la concejal de Hacienda, Candelaria Díaz, quien señaló que la ley de contratos «ha paralizado todas las administraciones a nivel nacional».

Este documento entró en vigor el pasado 9 de marzo y, entre otras cuestiones, reduce los límites para que un contrato pueda considerarse menor. Así, por ejemplo, disminuyen los importes de los contratos para considerarlos de esta tipología, que pasan de 50.000 a 40.000 euros en el caso de las obras y de 18.000 a 15.000 euros en el caso de los servicios; y se impide incluir criterios discrecionales en las adjudicaciones.

La edil de Hacienda destacó que con esta ley «ha cambiado un poco el espíritu de la norma y el personal se tiene que adaptar al nuevo reglamento», y esto es lo que ha ocasionado que se paralicen los ayuntamientos, cabildos, Gobierno… «Es una forma nueva de hacer las cosas que, es verdad que es más transparente y más ágil en algunos casos, pero cuando llevas años haciéndolo de una manera y se cambia la forma de proceder, el personal tiene que formarse, por lo que lógicamente se ha paralizado», añadió la concejal.

Algunos ejemplos de estos retrasos son el proyecto para la remodelación de la Casa Anchieta, donde se prevé construir un museo en honor al santo lagunero, o la apertura de las ruinas de San Agustín. «El proyecto del inmueble de la Casa Anchieta estaba ya redactado pero con la nueva ley de contratos se ha tenido que hacer un par de observaciones para sacarlo a licitación», afirmó.

Candelaria Díaz señaló que la nueva ley de contratos plantea cambiar las cantidades para los contratos menores, porque «el espíritu de la norma es intentar acabar con estos contratos en las administraciones e ir más hacia los acuerdos marco, que es una forma un poco más ágil de proceder», explicó. En este sentido, la concejal agregó que la Corporación local se encuentra en estos momentos en el proceso de adaptación para ajustar la maquinaria administrativa a esa manera de proceder que «aunque va a costar ponerla en marcha, parece que después será mucho más ágil».

Para ello, se está realizando una inversión en la formación del personal y en la adaptación de los medios pero que, posteriormente, conllevará un ahorro de tiempo y habrá una mayor transparencia.

Colaboración

Por su parte, la concejal de Presidencia y Planificación, Mónica Martín, explicó que la Corporación local ha realizado, junto con la Universidad de La Laguna -con el departamento de Derecho Administrativo y de Económicas-, un análisis previo para ver cómo va a afrontar este cambio de la normativa y el resultado «es bastante positivo» en comparación con ayuntamientos como Madrid. «Nos dijeron que estamos en una buena posición», aseguró la edil, quien se mostró optimista con el trabajo de adaptación y resaltó que «en un par de meses podremos estar al día con la normativa». Así mismo, este acuerdo de colaboración con la Universidad también incluirá la formación del personal municipal.

Martín recordó que hay que planificar bien la introducción de las nuevas fórmulas, algo que se está trabajando desde el área informática y las áreas administrativas. Así, manifestó que «todo se ha ralentizado, al igual que en otras administraciones, pero la nueva ley nos da otras fórmulas de contrataciones y estamos ajustándonos al modelo más adecuado para el municipio. Además, hemos aprovechado para modernizarnos y avanzar un poco más en los procedimientos de contratación».