Las Administraciones Públicas han aprovechado los últimos coletazos de la antigua ley de contratación del sector público para sacar a concurso numerosos contratos antes de que entrara en vigor la nueva norma, que incorpora criterios sociales con el objetivo de impedir que el precio continuara siendo el principal criterio a la hora de adjudicar un contrato público, como sucedía hasta ahora.
Según denuncia la Unión Sindical Obrera (USO), tan solo el día 8 de marzo, la jornada anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, se registraron en la web de Contrataciones del Estado alrededor de 2.500 publicaciones de concursos públicos, «un incremento», señalan, «10 veces superior a la media de cualquier otro día».
Además, prosigue el sindicato, «durante el último mes las administraciones públicas han aprovechado para publicar numerosos e importantes concursos que en circunstancias normales tendrían que publicarse en meses posteriores». Entre ellos, por ejemplo, el del servicio de Vigilancia de la Administración General del Estado, por valor de más de 67 millones de euros.
Precisamente, este sector ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la irrupción de empresas ‘piratas’, que han precarizado las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad. Para poder presentar las ofertas más económicas, estas compañías recortan los salarios de los empleados entre un 20% y un 30%, al aplicarles convenios propios que tienen condiciones inferiores a las del sector.
Incremento en la Publicación de Concursos Públicos
Para Basilio Alberto Febles, secretario general de la FTSP-USO, «este incremento en la publicación de concursos sólo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos miles de euros, en detrimento de los derechos de los trabajadores mileuristas que son sometidos por las empresas a condiciones de trabajo y de salarios de auténtica miseria».
Desde el pasado 9 de marzo, los pliegos de condiciones de los concursos públicos deben exigir criterios sociales, medioambientales y una mejor relación calidad-precio en el momento de valorar las ofertas de las empresas. Por eso, desde USO exigen a las administraciones públicas el cumplimiento de la ley vigente para que haya una contratación pública socialmente responsable, en la que las empresas que ganen los concursos se comprometan a aplicar los convenios colectivos sectoriales, y en la que se incluyan cláusulas que permitan rescindir los contratos a las empresas que no cumplan con sus trabajadores en cuanto al pago de los salarios, o que incumplan los pliegos de condiciones o defrauden a Hacienda o a la Seguridad Social.
Asimismo, el sindicato recuerda que «las cuantías económicas que se puede ahorrar una Administración Pública al adjudicar los concursos a un precio inferior al del mercado, luego obliga a los ciudadanos a pagar vía impuestos el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), las defraudaciones a Hacienda y la Seguridad Social, el cierre de empresas…».
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública justifica este aumento de los concursos a una acumulación de expedientes de la antigua ley y a la liquidación de los procedimientos de licitación en los que se trabajaba para evitar que se tuviesen que iniciar desde el principio con la nueva norma. «Se trata de procedimientos muy costosos y de no haberse publicado antes del 9 de marzo habría que haber empezado desde cero», señalan fuentes del Ministerio a EL MUNDO.
Según el artículo 145, «la valoración (a la hora de elegir una licitación) podrá incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados al objeto del contrato». En el texto normativo se ponen como ejemplos de criterios valorables la conciliación de la vida laboral, personal y familiar; la estabilidad en el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato, o la mejora de las condiciones laborales y salariales, entre otros.
Desde Aspel consideran que la aplicación literal de este artículo puede generar la paradoja de que una persona que tenga su jornada laboral dividida en distintos centros de trabajo perciba un salario conformado por diferentes cantidades, en función de los diferentes centros o lugares en los que preste su actividad.
Así, puede darse la situación de que el personal que realice idénticas labores en otros centros no perciba las mismas retribuciones simplemente por trabajar en un sitio u otro y sin que exista una aparente justificación objetiva.
Igualmente, agrega en una nota, esta situación puede generar desmotivación o un descenso del rendimiento del personal en los centros que no perciban la mejora salarial, lo que puede derivar en una disminución de la calidad del servicio prestado.
La solución que proponen desde Aspel es el compromiso de respetar los convenios por parte de los órganos de contratación. El presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, ha puntualizado que «la mala interpretación del contenido de este artículo en la Ley de Contratos provoca que responsables de contratación en las administraciones locales estén eligiendo servicios de limpieza en base a que los licitadores incorporan en sus propuestas valores ajenos a la calidad, y que no deberían tenerse en cuenta a la hora de seleccionar una oferta».
Para evitar estas paradojas, Aspel defiende la utilización del ‘Valor Óptimo’, una guía presentada el pasado verano que permite clasificar diversos elementos relativos a la calidad del servicio de limpieza (incluyendo las condiciones de trabajo que ofrecen las empresas a sus trabajadores) y ponderarlos con el precio.
«Un sistema avalado por los principales interlocutores empresariales y sindicales del sector de la limpieza en Europa y el apoyo financiero de la Comisión Europea, para intentar acabar con la ‘dictadura del precio’, es decir, lograr que las decisiones de contratación no se basen exclusivamente en el precio y tengan en cuenta la importancia de otros elementos (experiencia, cualificaciones, selección y contratación de operarios, condiciones de empleo, salud y seguridad, etcétera), indispensables para obtener un servicio de calidad», agrega la nota.
Fuente: elmundo.es
