El sector de la construcción y la ingeniería alerta de que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el viernes -9 de marzo-, acarreará una paralización de la licitación de obras públicas en España como consecuencia del retraso que acumulan muchas administraciones en la adaptación de los pliegos de contratación a la normativa.

La preocupación mayor se focaliza en los atrasos que pueden acumular las corporaciones locales y las diputaciones, que en algunos casos aún no han comenzado siquiera a abordar esta cuestión, según denuncian fuentes empresariales conocedoras de la situación.

La nueva Ley de Contratos ha sido muy bien recibida en el ámbito empresarial, especialmente en el de las empresas de ingeniería y servicios intelectuales, toda vez que elimina la posibilidad de adjudicar mediante subasta.Ninguna administración ha publicado aún sus pliegos, pero se espera que en este segmento la parte técnica pese alrededor del 70%, mientras que la económica quedaría limitada al 30%. Una buena noticia para el sector que, sin embargo, está preocupado por la demora en la redacción de los pliegos, en un contexto además en que todavía no se han aprobado los Presupuestos.

Desde Fidex, su director general, Fernando Argüello, incide en que la expectativa es que «hasta el verano o después no va a haber el ritmo normal de licitaciones». Juan Lema, presidente de Tecniberia, insta en este sentido a las administraciones que a que «adapten los pliegos de contratación con diligencia». El secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, hace hincapié en que «venimos de un periodo reprimido en un sector que ha superado solo» la crisis y manifiesta su «preocupación en el caso de que haya una parálisis» de los concursos de obra pública.

Las empresas esperan que los pliegos de las corporaciones de los ministerios de Fomento y Agricultura, que en 2017 licitaron 3.387 millones de euros, estén listos pronto. Adif y la Dirección General de Carreteras (DGC) llevan tiempo trabajando en ellos. Más retraso acumulan muchas Comunidades Autónomas, que sacaron concursos por 3.940 millones el año pasado. En este caso, no obstante, la ley les da un plazo de seis meses para adaptar sus pliegos, por lo que pueden licitar con los ya aprobados antes del 9 de marzo.

Los mayores riesgos se centran en los ayuntamientos y diputaciones, cuyas licitaciones ascendieron a 5.101 millones. Muchas de las administraciones locales no han comenzado a elaborarlos y, además, en el sector se duda de la capacidad de muchas de ellas para adaptarse, por ejemplo, a la contratación electrónica.

Fuente: eleconomista.es

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