Fuente: elespanol.com
El Govern ha anunciado a los empleados que forman parte de un nuevo ente (ATL), mientras que la compañía pide que hagan caso omiso.
La Generalitat ha remitido una carta a la plantilla de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) en la que les informa que desde el 1 de enero han pasado a formar parte de la plantilla del nuevo Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL), comunicación ante la cual la concesionaria, controlada por Acciona, ha pedido hacer caso omiso.
Ambas comunicaciones a la plantilla se produjeron el pasado 1 de enero, y evidencian el tira y afloja por la gestión de esta empresa pública, que está aún en manos de Acciona, aunque la Generalitat espera asumir el servicio cuanto antes, una vez se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El Govern acordó el año pasado retomar la gestión pública de ATLL, ahora llamada ATL, y debía hacerlo ya desde el 1 de enero de 2019, pero Acciona ha acudido al TSJC para evitar tener que entregar la gestión de esta empresa antes de que se efectúe la liquidación del contrato.
La Generalitar envía una carta
En este contexto, el director del Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat, Josep Andreu Clariana, remitió el 1 de enero una carta a los empleados de esta empresa en la cual les informaba de la nueva situación jurídica.
Por su parte, ATLL Concessionària dirigía otra comunicación ese mismo día a la plantilla en la que instaba a «hacer caso omiso de cualquier comunicación proveniente de entidades ajenas a ATLL».
«Como es público, ATLL se ha visto obligada a recurrir a los tribunales de justicia para defender sus derechos como concesionario frente a unas actuaciones del departamento de Territorio y del de Economía en todo caso prematuras, además de arbitrarias y carentes de sustento jurídico», respondía la concesionaria.
El Govern ofrece 53,8 millones
En el escrito, ATLL Concessionària, cuyo director es Alfredo Gutiérrez, argumentaba también que «en tanto los tribunales no se pronuncien, ATLL tiene el derecho y el deber de prestar sus servicios con total normalidad«.
El cruce de cartas entre una y otra parte han motivado las quejas de la sección sindical de la CGT en ATLL, que tilda la situación de «intolerable y muy grave».
«El Govern tendría que haber cumplido con la decisión del Parlament de que el 1 de enero de 2019 la empresa ATLL fuera pública, con una gestión transparente y participada por la ciudadanía. En lugar de eso, inicia la vía del desahucio administrativo, una argucia legal que tardará tiempo en resolverse, como el actual proceso de independencia», asegura este sindicato en el comunicado.
A finales de 2018, la Generalitat elevó hasta los 53,8 millones la cantidad ofrecida a Acciona para liquidar la concesión de ATLL, pero las posiciones están aún muy lejanas, puesto que Acciona reclama 1.037 millones como compensación económica.
